La Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, mediante la modificación de normas legales vigentes en dicha materia, incluye una serie de medidas cuya finalidad es intensificar la lucha contra determinadas conductas que generan la reducción de los ingresos en los recursos económicos del sistema de la Seguridad Social, el deterioro de los derechos de los trabajadores y una indeseable competencia desleal, atentando contra el principio de solidaridad.

Mediante el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013, se adoptan medidas organizativas desde el punto de vista administrativo y normativas.

Sus objetivos son:

• 1. Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales.

• 2. Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias para poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

• 3. Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas, en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

• 4. Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Para contribuir a tales objetivos, la presente Ley modifica las normas legales vigentes en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

- Modifica la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para posibilitar la exigencia de responsabilidades solidarias en los supuestos de subcontratación empresarial, mediante la ampliación del periodo de dicha exigencia que pasa de uno a tres años. El deber de comprobación de los empresarios que contratan o subcontratan obras o servicios correspondientes a su propia actividad o se prestan de forma continuada en sus centros de trabajo, de la previa afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores ocupados, se extiende a toda la ejecución de la contrata o subcontrata.

- Respecto a las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, prevé que la comisión de infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Asimismo, incluye una obligación empresarial dirigida a comunicar a la entidad gestora de la prestación de desempleo, con carácter previo a su producción, aquellas variaciones en el calendario inicialmente previsto, en supuestos de suspensión de contratos de trabajo, o bien de su detalle horario, en los casos de reducción de jornada. Y modifica la referencia contenida en la disposición adicional trigésima primera respecto a la obligación de suscribir el convenio especial para los supuestos de expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal.

- La finalidad de las modificaciones de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es facilitar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al acceso a instrumentos y bases de datos de utilidad, como el Índice unificado del Notariado, y aumentar el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias previas al procedimiento sancionador o liquidatorio. Regula la obligación de las mutualidades de previsión social de colaborar con dicha Inspección respecto a las funciones alternativas que realizan al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Y añade una nueva Disposición Adicional en materia de notificaciones por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

- Modifica el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para adaptarla a la terminología utilizada en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por la normativa comunitaria e internacional.

Adecua determinados tipos infractores en materia de Seguridad Social que inciden en el control del fraude a la Seguridad Social a las modificaciones normativas operadas y perfecciona los mecanismos de sanciones accesorias.

Tipifica como infracción grave el incumplimiento de la obligación de alta y cotización en los supuestos de salarios de tramitación y de vacaciones no disfrutadas con anterioridad a la finalización de la relación laboral, el incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora las variaciones sobre el calendario inicial de los días de suspensión o de reducción de jornada en los supuestos de suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y la conducta consistente en dar ocupación habiendo comunicado el alta en la Seguridad Social a trabajadores, solicitantes o beneficiarios de prestaciones periódicas o pensiones de Seguridad Social, cuyo disfrute es incompatible con el trabajo por cuenta ajena; y como muy grave la ocupación de los trabajadores afectados en el periodo de aplicación de las medidas de suspensión de los contratos o en el horario de reducción de las jornadas autorizadas.

Diferencia y tipifica por separado dos conductas: la falta de ingreso de las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social en plazo y forma reglamentarios sin presentación de documentos de cotización y la consistente en retener indebidamente la cuota obrera, no ingresándola dentro de plazo, siendo ambas objeto de una sanción específica cuya cuantía dependerá del importe de la cuota retenida no ingresada. Revisa el tipo infractor previsto para el incumplimiento de la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos de expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal. Respecto a los supuestos de fraude por falta de cotización a la Seguridad Social determina criterios objetivos de graduación de las sanciones en función de la cuantía no ingresada, estableciendo un mayor rigor cuando las cantidades sean más altas. Cuando el fraude afecte a un grupo de trabajadores, se incrementan las cuantías de las sanciones de manera proporcional al número de afectados respecto de los cuales se haya cometido la infracción. Se introducen modificaciones para garantizar la aplicación del principio de proporcionalidad de las sanciones y establecer el criterio de aplicación de la pérdida automática de ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.