LA LEY DE NUEVO CUÑO PARA APOYAR AL EMPRENDEDOR DA UN PASO MÁS CON LA APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO

 

“Una de las reformas estructurales más importantes del programa reformista del Gobierno”. Así define el Ejecutivo la Ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización, cuyo Anteproyecto recibió el viernes el visto bueno del Consejo de Ministros. El texto no fue presentado por ningún ministerio en concreto, ya que se trata de una ley “integral y completa” que engloba la labor de prácticamente todos los departamentos ministeriales.

El objeto de la futura norma es apoyar al emprendedor y a la actividad empresarial. A tal fin contempla un paquete de medidas para eliminar trabas burocráticas, establecer incentivos fiscales y un plan de apoyo a la internacionalización y a la financiación de nuevos proyectos empresariales. Si bien el Ejecutivo ofreció el viernes las líneas maestras de la reforma, aún queda por conocer su letra pequeña, ya que no facilitó el texto de la norma en su redacción actual.

Las principales novedades, que desarrollaremos más adelante, se concretan en:

1. Medidas fiscales y en materia de SS.

De entre todas destaca el denominado IVA de Caja, mediante el que los autónomos y las Pymes (sujetos pasivos con un volumen de operaciones inferior a dos millones de euros), podrán retrasar el pago del IVA hasta después de que hayan cobrado la factura.

También se crea una deducción del 10% para empresas que reinviertan sus beneficios, novedades en deducciones por I+D+i; deducciones en el IRPF para los mecenas de los emprendedores (business angels) y reducción de las cuotas de la SS a los emprendedores en situación de pluriactividad, entre otras.

2. Responsabilidad limitada del empresario.

 Se crea la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), que no tendrá que responder de las deudas derivadas de su actividad con su vivienda habitual, salvo que dichas deudas sean de Derecho Público. También se permitirá la creación de sociedades con capital inferior a 3.000 euros, que tendrán un régimen parecido al de las SRL y que se denominará Sociedad Limitada del Formación Sucesiva.

3. Segunda oportunidad: acuerdo extrajudicial de pagos.

Se prevé un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios (tampoco se incluyen aquí las de Derecho Público) con quitas de hasta el 25% y esperas de hasta tres años.

4. Reducción de cargas administrativas.

Las Administraciones Públicas deberán eliminar, “al menos”, una carga. Las empresas no tendrán que tener un libro de visitas en cada centro laboral a disposición de Inspección de Trabajo. En este ámbito, el Consejo de Ministros también aprobó impulsar el proyecto Emprende 3, que permitirá a los nuevos empresarios realizar todos los trámites con las tres administraciones a la vez (estatal, autonómica y local).

También se crean los Puntos de Atención al Emprendedor, a modo de ventanillas únicas para realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad.

Las empresas con menos de 50 trabajadores sólo contestarán una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su primer año de actividad.

5. Permiso de residencia para extranjeros

 Se facilitará y agilizará la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros, frente a los 160.000 e

El Gobierno rubrica la última redacción del texto, que incluye incentivos fiscales, limita la responsabilidad de los empresarios y busca atraer la inversión extranjera administrativa por cada una nueva que introduzcan euros anunciados en un primer momento.

Fuente: aranzadi.es

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Entra en vigor la prohibición de pagar en efectivo facturas a partir de 2.500 euros

La Ley 7/2012 -conocida como Ley Antifraude- en su artículo 7 -que entró en vigor el pasado día 19 de noviembre- tipifica un nuevo tipo infractor al disponer, en su apartado Uno.1 “No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera”.

Las notas características de esta infracción, según explicaba en su web la Agencia Tributaria con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 7 2012 son las siguientes:

  • La limitación se establece para los pagos en efectivo correspondientes a operaciones con importe igual o superior a 2.500 €, siempre y cuando alguna de las partes actúe como empresario o profesional. Este importe se eleva a 15.000 € si el pagador es una persona física que no actúa como empresario o profesional y sin domicilio fiscal en España. No resulta aplicable la limitación a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.
  • El incumplimiento de las anteriores limitaciones constituye infracción administrativa, calificada como grave, considerando sujeto infractor tanto al que pague como al que reciba importes en efectivo por encima del límite indicado; ambos responden solidariamente de la infracción cometida, la cual prescribirá a los cinco años a contar desde su comisión.
  • La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 ó 15.000 €, consistiendo la sanción en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento. La sanción prescribirá a los cinco años a contar desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone.
  • Se exime de responsabilidad por infracción al participante en la operación que denuncie la misma ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, identificando a la otra parte. La Agencia Tributaria ha habilitado en su página web un procedimiento telemático para tramitar denuncias.
  • El procedimiento sancionador se regirá por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
  • La tramitación y resolución del procedimiento se encomienda a la AEAT, así como la gestión recaudatoria de las sanciones impuestas, tanto en período voluntario como ejecutivo. Queda pendiente la determinación de los órganos competentes, lo cual se efectuará mediante disposición que deberá ser objeto de publicación en el BOE.
  • De acuerdo con la Disposición final quinta de la Ley 7/2012, la entrada en vigor de las limitaciones al uso de efectivo se producirá a los 20 días de publicación en el BOE de la norma y resultará de aplicación a todos los pagos efectuados desde hoy, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación.

Fuente Lex Diario

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Entra en vigor la “Ley antifraude”, aunque la limitación de pagos en efectivo lo hará en 20 días

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, publicada en el BOE de 31 de octubre y conocida como “ley antifraude”, entró en vigor el día 1 de noviembre de 2012, con carácter general, excepto su artículo siete (referido a pagos en efectivo) que lo hará el día 20 de noviembre.

La Ley 7/2012 refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno; de hecho, junto al proyecto de ley contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal, en trámite parlamentario, supone según Moncloa, el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

En la norma que entra en vigor se combinan medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos tradicionales de fraude con otras que refuerzan la seguridad jurídica del sistema tributario y potencian la recaudación. Una de las medidas más ambiciosas consiste en la limitación de uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. Se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos un empresario o profesional. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria.

Valores en el extranjero

Por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Se incluyen todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras así como valores o seguros de vida y bienes inmuebles.

El incumplimiento de esta nueva obligación de información llevará aparejado un régimen sancionador propio a razón de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros. Además, las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.
Régimen de Módulos

El texto recoge también modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. De esta forma, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año. Entre estas actividades se encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera. En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, la exclusión operará con ingresos superiores a 300.000 euros, tal y como sucede con las operaciones agrícolas o ganaderas.

También quedarán excluidos aquellos que obtengan rendimientos procedentes de otros empresarios o profesionales por importe superior a 225.000 euros.

Mayor capacidad recaudatoria

El proyecto de ley incluye también una serie de medidas encaminadas a reforzar la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria, sobre todo en los casos en donde el contribuyente intenta escapar de sus obligaciones fiscales retrasando el pago de la cuota, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio.

Con ello, el texto elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de créditos en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público. Asimismo se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, que realizan autoliquidaciones recurrentes sin ingresos por determinados conceptos, con un ánimo defraudatorio. Estos administradores serán responsables de las deudas derivadas de los tributos que deban repercutirse o de las cantidades que deban retenerse a trabajadores o profesionales.

Fraude en el IVA

En su ánimo de reforzar la capacidad recaudatoria, la norma tiene por vocación también reducir al mínimo el fraude en el IVA a través de varias medidas. En primer lugar, la exclusión en el régimen de módulos afectará también a este impuesto además del IRPF.

Por otro lado, se establece la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculada a ciertas operaciones inmobiliarias. Así, el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido. Se evita con ello el doble perjuicio para la Hacienda por la falta de ingreso del impuesto por el transmitente del inmueble y por la deducción del IVA soportado.

En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por IVA con anterioridad a dicha declaración no podrá ejercitarse en liquidaciones posteriores. Las modificaciones del IVA se trasladarán también al impuesto general indirecto canario (IGIC), para dar un trato homogéneo a ambas figuras.

Embargo de bienes

La norma modifica el régimen de embargo de bienes y derechos en entidades de crédito para que éste se pueda extender más allá de la oficina o sucursal a la que se remitió el embargo. Asimismo, se prohíbe la disposición de inmuebles de sociedades en donde han sido embargadas acciones equivalentes a más de la mitad del capital social.

Respecto a las medidas cautelares, se modifica el precepto para permitir su adopción en cualquier momento del procedimiento cuando así se estime oportuno. Se permitirá a la Agencia Tributaria adoptar medidas cautelares en los procesos penales. Por otro lado, para garantizar el cobro de deudas, la norma modifica también al alza el importe de la garantía que es necesario depositar para que se suspenda la ejecución de un acto impugnado, a fin de que éste cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles.

La ley endurece, por otro lado, las sanciones por resistencia, obstrucción excusas o negativa a las actuaciones inspectoras. Las sanciones oscilarán entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

Plan de Regularización

La nueva Ley, según defienden desde el Ejecutivo “es un complemento perfecto al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas” aprobado el 30 de marzo. Con él se pretende la afloración de ingresos procedentes de la economía sumergida y su incorporación a la economía regular. El plazo para acogerse a la regularización finaliza el 30 de noviembre.

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Fuente: Lexdiario.es

El Gobierno concede un suplemento de crédito de 300 millones al Fogasa para pagar prestaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado un suplemento de crédito en el presupuesto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por importe de 300 millones de euros, financiados con cargo al remanente de tesorería del propio organismo, destinado a atender el pago de las prestaciones acordadas a los trabajadores.

El Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, consumió hasta agosto algo más del 93% de su presupuesto para 2012, que rondaba los 1.250 millones de euros.

Concretamente, el gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en prestaciones se situó en 1.166,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 2,85% más que en el mismo periodo de 2011, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Del gasto total efectuado entre enero y septiembre, 383,9 millones de euros correspondieron al pago de salarios, un 2,1% menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que 782,2 millones de euros se dedicaron al abono de indemnizaciones, un 5,4% más.

Por su parte, el Gobierno justifica la aprobación de este suplemento de crédito señalando que se debe a “un incremento del 2,67% en la entrada de expedientes de solicitud de prestaciones en el periodo de enero a julio de 2012 respecto al mismo período del ejercicio anterior, así como una subida del 2,85% en las obligaciones reconocidas para el pago de las prestaciones a los trabajadores afectados”.

Fuente: Europa Press

 

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La Ley de Emprendedores permitirá que las pymes dejen de pagar el IVA antes de cobrar la factura

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer en el Club Antares de Sevilla la próxima aprobación de la Ley de Emprendedores, y entre las principales novedades de la norma, Montoro destacó la reforma en el pago del IVA, “de forma que el impuesto sólo se ingrese cuando se haya cobrado la factura”, indicó.

Este cambio legal se va a iniciar con los autónomos y las pymes proveedores de las administraciones públicas porque son los contribuyentes de los que más información se dispone para poner en marcha la ley.

Se trata de una medida sustancial que viene a paliar el principal problema de los emprendedores y las pymes en general, que es el de la liquidez. “Este Gobierno, pese a las graves dificultades económicas que estamos sufriendo, está empeñado en ayudar a los emprendedores, las pymes y los autónomos, que son los llamados a sacarnos de la crisis dado que son el gran motor de crecimiento de nuestra economía”, afirmó Montoro.

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GESTHA cree ‘injusto’ que las grandes empresas paguen 5 puntos menos que las pymes por sus beneficios

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran ’injusto’ que las grandes compañías de nuestro país paguen de media en el Impuesto sobre Sociedades hasta cinco puntos menos que las pymes debido a las ’excesivas facilitades’ para minimizar e incluso eludir el pago de sus obligaciones fiscales, cruzando muchas veces ’la delgada línea roja’ que existe entre la elusión -uso abusivo de los instrumentos legales disponibles- y la evasión de impuestos.

En este sentido, señalaron que el Impuesto sobre Sociedades ofrece “múltiples vías de escape” que en la práctica reducen “excesivamente” el tipo nominal de las grandes empresas, pasando del 30% a situarse incluso por debajo del 17%, inferior al de buena parte de sus empleados en el IRPF.

Esto crea una evidente desigualdad fiscal frente a la carga del 22% de gran parte de las microempresas y el 20% de las pequeñas empresas (pese a partir de un tipo nominal inferior del 25%), o la carga del 19% que rondan las empresas de mediano tamaño.

Una prueba de las facilidades que encuentran las grandes empresas a la hora de minimizar el pago de sus impuestos son los datos relativos a las 105 mayores entidades de crédito, cuyo tipo medio efectivo se sitúa en tan solo el 16,08%, casi seis puntos menos que las microempresas.

A esta brecha fiscal hay que sumar los múltiples casos de “conflicto en la aplicación de la ley tributaria” en los que personas con grandes fortunas crean sociedades ex profeso para lograr reducir su carga impositiva, ya sea abusando de ventajas legales en determinados territorios -como es el caso de las Sociedades de promoción de empresas en las Haciendas Forales-, mediante la creación de SICAVs que en la práctica quedan en manos de un único inversor o a través de una sociedad patrimonial donde situar las rentas inmobiliarias.

Esta deficiente regulación ha permitido un desplome de los ingresos del Impuesto sobre Sociedades, que en cuatro años -de 2007 a 2011- descendieron en 28.212 millones de euros, lo que supone una reducción del 63%, que en ningún caso puede atribuirse únicamente a la crisis o a la evolución de la actividad económica del país en este periodo.

Modificaciones antes de los Presupuestos Generales

Los Técnicos de Hacienda instaron al Gobierno a que cumpla su compromiso y ponga en marcha lo antes posible medidas encaminadas a recuperar el desplome recaudatorio en el Impuesto sobre Sociedades, algo que a su juicio pasa necesariamente por modificar los tipos actuales, suprimir o limitar determinadas ventajas fiscales y reducir el fraude, sin necesidad de demorarlas hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, Gestha propone la creación de un nuevo tipo impositivo del 35% para bases imponibles partir del millón de euros de beneficios, de tal forma que el tipo nominal se mantenga en el 30% vigente para los beneficios hasta un millón de euros, y se sitúe en el 35% para los beneficios a partir de esta cantidad.

Según las estadísticas, estas cifras millonarias son declaradas básicamente por las grandes empresas que facturan más de 45 millones de euros al año. Además, esta única medida permitiría recaudar 13.900 millones de euros adicionales cada ejercicio fiscal, reduciendo las diferencias con el tipo efectivo con las microempresas y pymes.

Por otro lado, y a fin de reducir los abusos, conflictos y fraudes, el colectivo reclamó la supresión de figuras como las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (Etves), limitar la participación máxima en las SICAV, revisar la tributación de las sociedades patrimoniales y de las unipersonales, y reducir el número de ajustes extracontables para acercar la cifra del resultado contable a la base imponible y que ésta no disminuya en 34.500 millones, como muestra la última estadística del impuesto.

En tercer lugar, los Técnicos propugnan que se les autorice a investigar posibles abusos y fraudes en las empresas de mayor dimensión, dado que actualmente están “limitados” a la investigación de autónomos y muy pequeñas empresas, con ventas por debajo de 5,7 millones de euros.

En este sentido, el colectivo indicó que “buena prueba de la miopía de la Agencia Tributaria estatal a la hora de enfrentarse al fraude” es su anacrónica clasificación como ’gran empresa’ a aquella que ingresa más de seis millones de euros anuales, límite que se mantiene inalterado desde hace más de veinte años, frente a las recomendaciones de la Comisión Europea de considerar ’grandes empresas’ a las que facturan más de 45 millones de euros.

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Las Pymes cobrarán las deudas contraídas por las Administraciones

Administraciones pago PYMES

El Gobierno ha aprobado el plan financiero para saldar las deudas que las Administraciones han contraído con los proveedores, muchos de ellos Pymes y autónomos. La medida fue anunciada a lo largo de la semana pasada y se esperaba que el Ejecutivo detallara después de la reunión del Consejo de Ministros cuál iba a ser el procedimiento para que los proveedores pudieran comenzar a cobrar las facturas pendientes.

Sin embargo, parece que en este sentido habrá que esperar a que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos avance en el diseño del plan financiero. Para lo cual primero será necesario que los ayuntamientos notifiquen a Hacienda todas sus facturas impagadas, trámite que deberán realizar obligatoriamente antes del 15 de marzo.

De esta manera, según el Gobierno, se podrá conocer cuál es el volumen real de la deuda de los ayuntamientos con los proveedores, una cifra que varía según las fuentes, pero que oscilaría entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros. Una vez conocido este dato se podrá establecer el crédito necesario para saldar las deudas de las Administraciones.

Además de la obligación de presentar las facturas ante Hacienda los ayuntamientos deberán presentar un plan de viabilidad antes del 31 de marzo, detallando las medidas de ajuste presupuestario para hacer frente a las deudas pendientes.

Aún quedan muchos los detalles sobre esta nueva medida en el aire. El único detalle que ha adelantado el Gobierno es que, en todo caso, las facturas de proveedores que se pagarán deberán ser anteriores a fecha 31 de diciembre de 2011.

El Gobierno tiene pendiente concretar, entre otros factores, si el pago de las deudas se realizará sólo a aquellos proveedores que estén al corriente de sus abonos a la Seguridad Social y no figuren en listas de morosos, además de establecer los gastos de tramitación y los intereses, que en principio correrían a cargo del autónomo.

Según anunciaba el miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, gracias al plan financiero los proveedores podrían cobrar sus facturas directamente en las entidades financieras, a través de un consorcio entre la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Según el ministro objetivo fundamental del plan es que Pymes y autónomos puedan tener nuevos recursos para movilizar sus negocios, y se alivie así el estrangulamiento financiero que acusan. Principalmente porque este es el colectivo que más padece el continuo incumplimiento de la Ley contra la Morosidad de la Unión Europea. Desde la aprobación de dicha ley en febrero de 2011 el impago de facturas en los plazo estipulados por parte de empresas (principalmente las de mayor tamaño) y administraciones públicas españolas ha sido flagrante, agravándose con la crisis económica.

Fuente: Infoautónomos

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Las pyme, piezas clave para la recuperación del crecimiento y del empleo

Claudio Boada, El presidente del Círculo de Empresarios, presentaba la semana pasada un informe ‘Las pyme: clave para recuperar el crecimiento y el empleo’.

El presidente del Comité de Pequeñas y Medianas Empresas, Miguel Iraburu, señalaba que “el tamaño es un factor decisivo para la supervivencia de las empresas” y explicaba que las grandes compañías “están capeando mejor el temporal que las pequeñas y medianas”.

Por ello, Iraburu aseguraba que el objetivo “imprescindible e irrenunciable de cualquier compañía debe ser el crecimiento y que las pequeñas empresas deben intentar tener un tamaño mayor y convertirse en medianas con capacidad de gestión, de innovación y de internacionalización”.

Según el informe del Círculo de Empresarios, actualmente, el problema más crítico para las pymes es la dificultad para acceder a la financiación, que se ve agravado por la morosidad, tanto pública como privada. “Hay demoras de los plazos de pago muy importantes que las pymes están soportando de muy mala manera, incluso algunas están desapareciendo por esta incapacidad de cobro y por la incapacidad de acceder a financiación que pueda sustentar su negocio”, explicaba Iraburu.

Para luchar contra la morosidad, el informe del Círculo de Empresarios propone medidas como otorgar mayores garantías legales a los acreedores“con procedimientos rápidos, poco costosos y resolutivos para el cobro de morosos”. Respecto al incumplimiento de los pagos por parte de las administraciones, los empresarios consideran que habría que plantear mecanismos de compensación automática en obligaciones tributarias por los que una empresa acreedora de las administraciones pudiera estar exenta del pago de éstas en la cuantía que se le adeuda.

En cuanto a la financiación, el informe señala que hay que buscar fórmulas alternativas a los bancos, tales como el capital riesgo, los préstamos participativos o el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y pide la instauración de medidas fiscales como exenciones de impuestos de sociedades cuando los beneficios se reinviertan.

Fuente: Ticpymes

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Crear una Pyme en cinco días

El Ministerio de Industria cifró la semana pasada solo cinco días el tiempo necesario para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, con un capital inferior a 30.000 euros, y con un coste máximo de 250 euros.

El Ejecutivo comenzó a rebajar las trabas administrativas que sufren las pymes en diciembre, empujado por la nueva directiva de la Unión Europea, sin embargo, aún está lejos de conseguir los resultados marcados desde Bruselas, que tienen el objetivo de rebajar los trámites necesarios a tres días con un coste máximo de 100 euros.

Para Jesús Terciado, presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme, se necesita un esfuerzo mayor por parte de los poderes públicos, y avisó de que el coste de las cargas administrativas para crear una pyme suponen al conjunto de los empresarios 778 millones de euros al año.

Daniel Calleja, director general adjunto de Empresa e Industria de la UE, reconocía que “Creemos que las pymes tienen todavía demasiadas tareas administrativas”, quien anunció que implantarán el principio de “solamente una vez”, para que las empresas que entreguen un documento a la Administración no tengan que volver a hacerlo para ningún otro trámite.

El Gobierno eliminó, además, la burocracia necesaria para todas las pymes, y cifró su ahorro en 1.700 millones de euros al año.

Por su parte, la Cepyme recordó que, aunque las cargas administrativas son importantes, su problema principal es el acceso a la financiación, “que está peor que nunca”, criticó Jesús Terciado. La patronal avisó de que la situación de algunas empresas es crítica, ya que en el último trimestre del año 2010, a una de cada dos pymes que solicitó un crédito a una entidad financiera le fue denegado.

Fuente: Ticpymes

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La Comunidad de Madrid pone a disposición de pymes y autónomos otros 30 millones para financiar inversiones

comunidad de madridLa  viceconsejera de Economía, Consumo y Comercio, Eva Piera, presidió hoy  la firma del convenio entre la Sociedad de Garantía Recíproca adscrita a la Comunidad, Avalmadrid, y el Banco de Sabadell, por el que se establece una línea de financiación preferente dotada con hasta 30 millones de euros, de la que se beneficiarán más de 300 pymes y autónomos madrileños.

Esta línea permitirá generar una inversión inducida de más de 40 millones de euros, que contribuirá, a su vez, a la creación y/o mantenimiento de unos 3.000 puestos de trabajo.

A través de esta línea, se pondrá a disposición de las pymes y autónomos madrileños que sean clientes, tanto actuales como potenciales, de las entidades del Grupo Banco Sabadell, préstamos en tipos preferenciales en coste y plazo para fomentar la inversión productiva a través de las Líneas Financieras Bonificadas, dotadas por la Comunidad de Madrid, y gestionadas por Avalmadrid. Estas líneas están enfocadas a la renovación de la maquinaria industrial, la innovación tecnológica, la internacionalización, el fomento del pequeño comercio y la hostelería (FICOH), entre otras. Asimismo, podrán acceder al Plan Impulsa Pyme para conseguir liquidez e incluso reestructurar su pasivo.

El convenio, suscrito por el presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez, y la subdirectora general de Banco Sabadell, Blanca Montero, tiene también como objetivo potenciar la bidireccionalidad de las operaciones, puesto que Avalmadrid podrá canalizar clientes a Banco Sabadell y, asimismo, los clientes de Banco Sabadell podrán acceder a toda la gama de productos financieros de Avalmadrid.

Por otra parte, el  convenio establece las pautas para el desarrollo de productos específicos conjuntos adaptados a las necesidades requeridas por las empresas. En la actualidad, Avalmadrid mantiene acuerdos, que superan los 1.000 millones de euros en financiación preferente, con las principales entidades de crédito que operan en la Comunidad de Madrid.

Estrategia Financiera Global

Eva Piera destacó la importancia de convenios como éste, que favorecen el acceso a una financiación adecuada a nuestras pymes. En su intervención,  subrayó que  la Comunidad de Madrid “ya ha puesto a disposición de las pymes y autónomos madrileños más de 25.000 millones de euros en financiación preferente a través de una Estrategia Financiera Global, de la que Avalmadrid es una parte fundamental”.

La firma de este Convenio se suma al que se cerró el pasado mes de febrero, por el que Banco Sabadell facilitó 2.000 millones de euros a pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid, y pone de manifiesto la disposición de este banco por apoyar el tejido empresarial madrileño.

El interés de Banco Sabadell de comprometerse con la sociedad madrileña destaca en otras muchas actuaciones que han llevado este año a la entidad a ser reconocida con el Premio Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes, y así lo refleja el que en los cuatro primeros meses del año más de 11.000 madrileños decidieran hacerse clientes de Banco Sabadell.

Además de ofrecer una oferta financiera atractiva y competitiva en Madrid, el Banco Sabadell viene participando otras iniciativas destinadas a los madrileños como por ejemplo su colaboración en la reciente edición de la madrileña Feria del Libro promoviendo las ventas de libros o acciones particularizadas para apoyar y asesorar financieramente a colectivos profesionales madrileños.

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